Marchena exige echar al pateapolicías del Congreso y responde a Batet que no está para asesorarla

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, ya ha contestado a Mertixell Batet, presidenta del Congreso, en el caso del pateapolicías de Podemos Alberto Rodríguez. Y la respuesta no puede ser más contundente: el Supremo no está para “asesorar a otros órganos constitucionales” y la inhabilitación debe cumplirse.

El párrafo final de la carta es demoledor. Por un lado, descartan cualquier error en la sentencia sobre el diputado condenando por patear a un policía. Y, posteriormente, añade que “la pena accesoria [la inhabilitación] es obligada”.

El Tribunal Supremo descarta cualquier problema de interpretación en la sentencia y aclara, en referencia a Meritxell Batet, que “como V.E. conoce, la ley 6/1985, 1 de julio, del Poder Judicial, no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo, la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme”.

Marchena añade que en el auto “de fecha 14 de octubre de 2021” dio “respuesta a la solicitud de la defensa de que fuera anulada la pena de inhabilitación especial”. “En el apartado 2 de su fundamento jurídico señalábamos que ‘la cuestión se resuelve expresamente […] en la sentencia cuya aclaración se solicita, de forma que resulta perfectamente inteligible y que se da aquí por reiterada, sin que se aprecie error alguno que deba ser rectificado’”.

La carta del magistrado explica que, por lo tanto, la inhabilitación “es obligada”.

Ahora es Batet la que tiene que decidir si cumple la sentencia o se arriesga en primera persona a un castigo penal. Y es que, de hecho, la presidenta del Congreso de los Diputados abrió la puerta en la Mesa de ayer a ejecutar la inhabilitación del condenado e inhabilitado Alberto Rodríguez (Podemos), como le instó el Supremo, cuando ella misma preguntó al secretario general de las Cortes si la responsabilidad de cumplir el oficio del Alto Tribunal era sólo suya, a lo que el letrado mayor replicó afirmativamente, según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

Tales fuentes parlamentarias, conocedoras de las deliberaciones a puerta cerrada, relatan a este periódico que tras esta consulta al secretario general de las Cortes, Batet dejó entrever que si ella era la que asumía la responsabilidad, entonces comunicaría al Tribunal Supremo, en respuesta a su oficio, la ejecución de la inhabilitación. Una declaración de intenciones con la vista puesta en evitar cometer un delito de desobediencia como la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. También Vox le alertó el martes de un posible delito de prevaricación.

Las fuentes citadas aseguran que Batet salió de la reunión este jueves prometiendo que en 30 minutos redactaría la respuesta al Alto Tribunal, pero lo que comunicó su gabinete a la prensa, al término de dicha Mesa de urgencia, fue que el órgano de gobierno de la Cámara «por mayoría de 5 (PSOE -sin Batet- y Podemos) a 3 (PP y Vox)» los que acordaron «solicitar al Tribunal Supremo una aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado de Alberto Rodríguez». Y ello, añadió la nota, «sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena».

Cabe recordar que el Alto Tribunal ya remitió una aclaración de sentencia al propio diputado, ratificando su inhabilitación. El pasado martes, este órgano, con los 6 votos de PSOE y Podemos frente a los 3 de PP y Vox, acordó que Rodríguez siguiera de diputado, dejando sin efecto su inhabilitación por inelegibilidad sobrevenida decretada por el Tribunal Supremo.

Por ello, y ante esta situación de rebeldía, el miércoles el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, se dirigió mediante un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados para que ésta remita al Tribunal Supremo «el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, con la finalidad de realizar la liquidación de su condena».

El Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a una pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se conmutó por pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).